El pasado 26 de Mayo se aprobó la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual en el Congreso de los Diputados. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha impulsado la propuesta para adaptar la situación del sector al nuevo contexto que ofrecen las plataformas digitales. Esta se ha creado como respuesta a las presiones de la Comunidad Europea para incorporar las plataformas on demand, como Netflix, HBO Max o Amazon Prime, y las plataformas de intercambio de vídeos, como YouTube o TikTok.

En dicha ley se recogen puntos como que las grandes plataformas deberán dedicar el 51 % del contenido a obra europea, y de él, al menos la mitad en lengua oficial (sea en español o en lengua cooficial). También debe haber una cuota del 30 % de producción europea en su catálogo; de ese porcentaje, el 50 % debe ser en lengua oficial o cooficial. En relación a la financiación, televisiones privadas y plataformas están en la obligación de destinar un 5% de su recaudación a financiar obra audiovisual independiente, animación o documental. Respecto a la primera, esta deberá de cubrir el 70% de esa inversión.

Sin embargo, la recepción de la ley ha estado marcada por la controversia, especialmente entre la comunidad de la producción independiente. Las principales asociaciones del sector han impulsado la convocatoria de ruedas de prensa y concentraciones para protestar contra la propuesta explicando que esto fomenta la dependencia de los fondos de la gran industria y reduce el margen de maniobra económico. Del mismo modo, tal como señalan en su comunicado conjunto: “Las productoras vinculadas a un proveedor de servicios de comunicación tendrán la consideración de independientes cuando produzcan para otros proveedores de servicios de comunicación compitiendo de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos productores independientes”.

Por otra parte, la política lingüística también puede perjudicar la salud de la lengua catalana, entre otras, debido a los porcentajes de los catálogos. Así, se escenifica un conflicto en el que la gran industria, la política institucional y el sector audiovisual independiente no terminan de lograr un punto de encuentro.